ENTREVISTA AL CONTRALOR OCTAVIO AIRALDI
La declaración de bienes de los políticos debe ser pública
Para el contralor Octavio Airaldi, la declaración jurada de bienes de todos los funcionarios debe ser pública. Exhorta a los parlamentarios a modificar la ley en cuestión para obligar a todos, incluyendo Presidente, Vicepresidente, ministros, senadores y diputados y que la misma sea pública. Considera una excusa el argumento de que los delincuentes puedan usar los informes y recuerda que a nadie se les obligó a ser hombre público. Airaldi reconoce, en esta última entrega, que las licitaciones siguen siendo un túnel por donde circula la corrupción. Además, asume el desafío de transparentar las binacionales.
–El caso de las declaraciones juradas de bienes, muchos dicen que no tienen valor, nadie sabe el patrimonio de los políticos, pero todos tienen serias sospechas de cómo se enriquecen.
–Ese es un tema que los legisladores tienen que resolver, con las normas vigentes flaco favor hacemos a la transparencia y se favorece a la impunidad que impera en el país. ¿Qué es lo que sucede? Se obliga a la presentación de bienes y rentas a todos los funcionarios, pero qué pasa, la Ley 626 exonera a los de mayor rango en cuanto a la aplicación de sanción, entonces hay impunidad para los funcionarios superiores. En la practica a los de menor rango se los puede sancionar, eso es hasta jocoso, absurdo, véase que los ministros, parlamentarios, Presidente, Vicepresidente no tienen ninguna sanción si no presentan.
–Pero ¿cómo se entiende eso en un país donde uno de los métodos más rápido para enriquecerse es dedicándose a la actividad política?
–Bueno, son ellos los que deben solucionar eso, ponerse las pilas, modificar la ley para unificar las sanciones para todos. Nosotros lo que podemos hacer es un examen de correspondencia de las declaraciones presentadas. Cómo se realizan esas declaraciones, son unilaterales que se expone en un documento, pero la ley es limitante y nos impide contribuir en mejor forma con la transparencia. Aun así encontramos indicios de enriquecimiento ilícito, algunos tuvieron un tratamiento adecuado, otros siguen investigándose, probablemente algún examen no se compadecieron con los bienes adquiridos. Existen lagunas importantes que impiden investigar eficientemente a los funcionarios. Habría que cambiar esa ley, el sistema de declaración jurada de bienes tiene que ser una herramienta para facilitar el control.
–¿Qué modificaciones proponen ustedes?
–La declaración de los bienes y rentas de los funcionarios públicos no debe ser secreta, se habla de la excusa que eso puede dar pie a ladrones, asaltantes, secuestradores, que pueden tener interés, pero para mí eso es excusa nada más, porque quiérase o no el nivel de vida es notorio, la vida fastuosa no se puede esconder.
–¿Cómo que el delincuente va a recurrir a la declaración de bienes para buscar víctima?
–Noooo, ¡por favor!, sencillamente dónde vive y el nivel de vida que lleva son elementos suficientes para que sea eventualmente víctima de la delincuencia. Insisto que es una excusa. A mí me parece que el funcionario público debe ofrecer una transparencia por donde se lo mire y constituirse en un servidor público. La sociedad se merece y debe conocer a cabalidad quién es el que está cumpliendo alguna función pública.
–Al fin y al cabo uno decide ser funcionario público.
–Es cierto, a mí nadie me obligó a ser contralor, yo me presenté, por eso tengo que garantizar al ciudadano que está pagando mi salario que soy un hombre transparente, en todos los aspectos, incluso, en mi vida privada, no solo parecer sino ser. Por eso, las declaraciones de bienes deben ser públicas.
–Otra gran vía de corrupción son las licitaciones, ¿cómo se controla eso?
–Nosotros tenemos una dirección general de licitación, tiene atribuciones para controlar en cualquier etapa una licitación pública, desde el comienzo al final, lo que se hace es bajar del portal los pliegos de contrataciones que llaman cualquier ente. Luego pedimos las documentaciones para analizar el pliego y controlar si los oferentes están cumpliendo y vamos informando a las entidades licitantes, o a Contrataciones Públicas cuando observamos irregularidades.
–Lo más común en las licitaciones es que ofrecen un producto luego dan otro, ocurre con los alimentos, asfaltados...
–Lo peor del caso es que no siempre se puede detectar, tratamos con el control cruzado, pero no podemos garantizar que no hubo alguna dosis de irregularidad. Siempre buscamos y encontramos faltas. Ahora mismo nos informaron que el proceso licitatorio para comprar equipos de la Dinac tiene defectos y tiene que resolverse antes de su adjudicación.
–Cuando ustedes detectan irregularidades en el proceso, ¿pueden parar?
–No tenemos ese poder, le pasamos a Contrataciones Públicas que tiene ese poder y determina las medidas. A veces actúa de acuerdo a nuestra recomendación, a veces no.
–¿Y no debería tener ese poder la Contraloría?
–Claro que sí, nosotros deberíamos ser responsables de los trabajos que realizamos. De hecho, algunas atribuciones sancionatorias deberíamos contar para que el trabajo de la Contraloría sea más eficaz, no hablamos de las funciones jurisdiccionales, sino de otros tipos de sanciones. Por ejemplo, las disuasivas, que determinadas municipalidades no reciban los royalties mientras no remitan las informaciones requeridas; a veces no tienen, otras veces temen, o de lo contrario, eluden la acción de la Contraloría, enviando directamente a Tribunal de Cuentas, utilizando una chicana legal.
–¿Cuando remiten a Tribunal de Cuentas ustedes ya no tienen jurisdicción?
–Ya no tenemos, hemos intentado, como pasó con la Municipalidad de Ciudad del Este, no nos permitieron, presentaron inconstitucionalidad, también dos o tres municipios que hicieron lo mismo.
–Los controles que hicieron sobre el uso de los vehículos del Estado tuvieron algún resultado o se les cambia la chapa, el logotipo y siguen usando.
–Hay una tendencia natural de usar el vehículo del Estado como suyo y en tiempo electoral ni qué hablar. También se ve en algunas peluquerías, las esposas o de quien sea vehículos públicos. Creemos que disminuyó, pero como es una cuestión cultural, muchos siguen practicando, hasta una ambulancia encontramos en uso irregular.
–En este asunto de las binacionales, ahora que ustedes pueden controlar, ¿están preparados para eso, tienen los recursos humanos capacitados?
–Nosotros tenemos dos equipos (cada uno con siete integrantes), no estamos en condiciones para una auditoría integral. Eso sería de nunca acabar, son entidades muy complejas, pero sí en áreas determinadas, concluir eso y luego enfocar a otras áreas. En este momento estamos estudiando la documentación que recibimos de Itaipú, de Yacyretá todavía no recibimos. Suponemos que la provisión será fluida.
–Es la primera vez que ingresan a Itaipú.
–Sí, es la primera vez, antes sí ingresamos a Yacyretá sobre cuestiones muy puntuales, pero en Itaipú siempre alegaron la binacionalidad. Ahora en Yacyretá también intervenimos para verificar el preacuerdo para la terminación de las obras y también intentamos verificar el origen de la deuda, pero no pudimos. Fuimos a Buenos Aires porque nos dijeron que allí estaba toda la documentación, no tuvimos éxitos, por el contrario, hubo un tratamiento descortés y no pudimos llegar a una conclusión.
–¿Entonces fue una burla aquel anuncio rimbombante de transparencia de Duarte Frutos?
–Realmente fue una pérdida de tiempo, tampoco podíamos decir que no, tampoco pudimos presumir lo que iba a pasar en Buenos Aires, donde tuvimos más problemas que soluciones...
–¿Qué se puede esperar de la auditoría en Itaipú?
–Es un tema complejo, pero los dos equipos son buenos y esperamos que podamos desarrollar un buen trabajo. El control de las binacionales es fundamental para el país, porque en gran medida las hidroeléctricas deben contribuir para una mejor calidad de vida. Es nuestro mayor recurso natural, como es el agua, es vital el aprovechamiento y la utilidad que nos pueda reportar bienestar. Para mí siempre fue una preocupación y ahora tenemos una posibilidad real de hacer una auditoría.
–¿Es una oportunidad para conocer los números de la Binacional?
–Es una oportunidad para demostrar que el pueblo paraguayo, copropietario de la hidroeléctrica, debe conocer la potencialidad de este emprendimiento. De saber que Paraguay tiene tantos recursos naturales que no se compadecen en absoluto con la calidad de vida de sus habitantes. Sabemos que este país fue dilapidado, que ha sido objeto del despojo permanente de sus propios hijos, décadas de manejo discrecional de su recurso. Nuestro desarrollo depende de cuán capaces seamos de administrar estas riquezas naturales.
FIN.
